Ciudad de México. – A nueve meses de la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional Electoral (INE) ha intensificado su opacidad. El INE, bajo la dirección de Guadalupe Taddei, ha quintuplicado las negativas a solicitudes de información y recurre con frecuencia a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían ser accesibles al público.
El periodo de abril a diciembre de 2025 reveló 179 negativas por motivos de “confidencialidad”, un aumento significativo comparado con 2024, donde se registraron 87. Estos datos provienen de la Plataforma Nacional de Transparencia, ahora bajo el control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El INE ha justificado su postura alegando la protección de datos sensibles, incluso en casos como la adjudicación de contratos para cámaras y micrófonos, mencionando razones de “seguridad nacional”.
Adrián Alcalá, excomisionado del Inai, ha criticado el abuso de la confidencialidad por parte del INE, calificándolo como un retroceso en la transparencia. La clasificación de información bajo confidencialidad limita el acceso permanente al público, a diferencia de las reservas que son temporales. Alcalá señala que este aumento en la opacidad se da en un contexto donde el interés ciudadano por consultar información ha disminuido notoriamente.
Desde la extinción del Inai, el INE ha bloqueado información esencial, como los costos de instalaciones de seguridad en sus oficinas. A pesar de la menor cantidad de solicitudes, el INE ha negado acceso a información más que nunca. Este cambio en la dinámica de transparencia agrava la percepción de autoritarismo, como observa Alcalá, quien considera que esta tendencia debe alarmar a la ciudadanía.
Con la desaparición del Inai, los ciudadanos se enfrentan a un sistema opaco que dificulta el acceso a la información pública. Cualquier negativa al acceso debe ser impugnada ante el Órgano Interno de Control del INE o, en su defecto, en un juicio de amparo. Esta situación representa un retroceso considerable respecto a los avances en transparencia logrados en los últimos años en México.