El Congresista
Baja California

Abogadas en TJ alertan sobre imparcialidad en Tribunal Administrativo

Abogadas en Tijuana advierten sobre la falta de imparcialidad en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tras intervención del Ejecutivo.

Por Axel Juárez1 min de lectura
La intervención del Ejecutivo en designación de magistrados afecta el equilibrio institucional.
La intervención del Ejecutivo en designación de magistrados afecta el equilibrio institucional.
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Tijuana, Baja California. - Abogadas de Tijuana señalaron que la intervención del Poder Ejecutivo en la selección de magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial. Estefanía Campos, presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, advirtió que esta medida podría influir negativamente en los juicios en los que ciudadanos y comerciantes exigen justicia contra el gobierno local.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es la entidad responsable de resolver disputas legales entre particulares y autoridades estatales o municipales. Esta instancia es vital para los residentes y comerciantes de Tijuana, quienes recurren a ella para impugnar clausuras, multas o negaciones de licencias entre otros conflictos con el gobierno.

Durante su posicionamiento, Estefanía Campos expuso que la reciente propuesta de reforma elimina el proceso de convocatoria pública, que permitía la competencia entre profesionales del derecho. En lugar de esto, se otorga exclusivamente al Ejecutivo estatal la facultad de enviar una lista de aspirantes al Congreso local para su aprobación.

“Desde el momento en que las personas que van a resolver estos asuntos le deben o le van a deber el cargo a la persona que los designó, en este caso el Ejecutivo estatal, vemos una afectación a este tribunal que definitivamente va a impactar en sus resoluciones”, subrayó Campos.

Para los ciudadanos de Baja California, la autonomía de los jueces es esencial para garantizar decisiones justas y libres de sesgos políticos. Si un particular demanda a alguna dependencia del gobierno estatal, la falta de imparcialidad del juzgador podría cuestionar la validez del proceso legal.

Los abogados insistieron en que es indispensable que cualquier tribunal que supervise la legalidad de actos gubernamentales mantenga independencia en su proceso de selección. De concretarse esta reforma, los ciudadanos enfrentarán un desbalance que pone en riesgo su derecho a obtener justicia administrativa.

Con información de tijuanaenlinea.com

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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