La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará una reforma en Aguascalientes que limitó a seis semanas el plazo para la interrupción legal del embarazo. Esta discusión surge tras la invalidación de normas similares en Tamaulipas y podría repercutir en el acceso a servicios de salud reproductiva en todo el país.
El proyecto, presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, argumenta que el plazo de seis semanas no asegura adecuadamente los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación por estas propuestas, sosteniendo que la vida debe ser protegida en todas sus etapas.
La SCJN también evalúa la constitucionalidad de varios artículos del Código Penal de Aguascalientes que establecen sanciones penales para quienes interrumpan el embarazo después de las seis semanas. La Corte había previamente despenalizado el aborto en Tlaxcala, un precedente que podría influir en esta discusión.
El contexto de esta controvertida reforma se remonta al 2023, cuando Aguascalientes despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, una decisión que fue cambiada por el Congreso local a principios de 2024. La discusión en la Corte se centra en si es válido que la legislación estatal limite el tiempo para tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo.
Esta revisión no implica que se permita el aborto en cualquier momento durante el embarazo, sino que reconsidera la legalidad y el impacto de acortar el plazo originalmente establecido. La decisión de la SCJN será fundamental para definir el panorama legal en torno a los derechos reproductivos en México.
Con información de elimparcial.com