El senador superó por mucho el límite de gasto establecido por Morena para aspirantes presidenciales, mientras enfrenta cuestionamientos por financiamiento no declarado. Durante la contienda interna de Morena por definir al candidato presidencial para 2024, se estableció un límite de gasto de cinco millones de pesos por aspirante. Sin embargo, Adán Augusto López Hernández, senador y principal contendiente, desestimó el financiamiento público y aseguró que financiaría su campaña con recursos propios, destinando esos fondos a mejorar hospitales. Pese a ello, su campaña fue la más visible y costosa, concentrando casi 500 de los 700 espectaculares registrados ante el Instituto Nacional Electoral, la mayoría con mensajes como “El más cercano a AMLO”. La inversión en anuncios ascendió a aproximadamente 12 millones de pesos, más del doble del límite permitido, y algunos se presentaron en formatos que dificultan su fiscalización. A estos gastos se suman actividades en eventos, giras y campañas en redes sociales. Además, López Hernández recibió 20 millones de pesos en transferencias de empresas privadas, como GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, dinero que no fue reflejado en su declaración patrimonial ante el Senado. Esto ha suscitado cuestionamientos sobre el origen y la legalidad de esos recursos, dada la discrepancia en sus versiones respecto a cómo obtuvo esos fondos, alegando actividades legales, renta de bienes y herencias, sin que estas explicaciones hayan aclarado su procedencia o si cumplieron con los requisitos fiscales correspondientes. Este caso refleja las desigualdades y posibles irregularidades en el financiamiento de campañas internas, además de poner en evidencia las limitaciones y desafíos en el control y fiscalización de los recursos para las candidaturas en el sistema político mexicano.
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