Samsung y varias maquiladoras buscan revertir interpretaciones fiscales del programa IMMEX que podrían provocar devoluciones millonarias y cambios en la imposición.
En un contexto de disputas legales que resaltan la complejidad del sistema fiscal en México, Samsung Electronics y un grupo de ocho maquiladoras enfrentan demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la interpretación del régimen IMMEX. La tecnológica surcoreana busca evitar el pago de una cantidad cercana a 6,7 mil millones de pesos en concepto de IVA no retenido, derivado de operaciones realizadas entre 2019 y 2023. Por su parte, las maquiladoras exigen la devolución del impuesto que ya les fue cobrado, lo que, si la corte les otorga la razón, implicaría una devolución aproximada de 46 mil millones de pesos al sector industrial.
Este conflicto no solo refleja una lucha legal concreta, sino también una disputa de fondo sobre la aplicación de las reglas del programa IMMEX. Esta figura permite a las empresas importar componentes temporalmente para su transformación y exportación, sin pagar IVA, siempre y cuando los productos finales sean exportados. Sin embargo, una interpretación modificada por parte de la autoridad fiscal en 2019 sostiene que si la mercancía permanece en territorio nacional, debe pagarse el impuesto, incluso en operaciones entre empresas autorizadas por IMMEX, lo que genera controversia acerca de la doble imposición y la evasión fiscal.
El caso ha llegado a la Suprema Corte tras una serie de decisiones contradictorias entre tribunales administrativos en diferentes regiones, evidenciando la falta de consenso sobre la interpretación del régimen. La Corte ha atraído el asunto ante la ausencia de una postura firme en los tribunales inferiores, promoviendo así una resolución definitiva.
El análisis legal se combina con un panorama de preocupación del sector industrial y del sector privado, representado por organizaciones como Coparmex. Su dirigente Gustavo de Hoyos Walther advierte que una interpretación restrictiva del programa IMMEX podría poner en riesgo la competitividad de muchas industrias mexicanas. La decisión de la Corte en este asunto no solo tendrá repercusiones jurídicas, sino también económicas, dado que el aparato judicial mexicano ha evidenciado un incremento en el número de casos favorables a la autoridad fiscal en los últimos años, con millones de pesos en litigios en juego.
Este escenario destaca la importancia de fortalecer la claridad normativa y la independencia judicial frente a la influencias que puedan buscar maximizar la recaudación fiscal sin mayor consideración del impacto económico, en un contexto en que la protección del equilibrio fiscal y la competitividad industrial son esenciales para la economía mexicana.