Las instituciones financieras mexicanas introducen controles más estrictos tras denuncias internacionales y buscan elevar sus estándares de seguridad.
En respuesta a una denuncia internacional por lavado de activos, las principales instituciones financieras en México han acordado adoptar un conjunto de medidas internas destinadas a reforzar sus controles y prevenir operaciones ilícitas. Entre las acciones principales, se requiere que todas las transferencias internacionales se realicen únicamente entre cuentahabientes, quienes deberán completar procesos de registro y validación que permitan identificar claramente a los involucrados. Esta normativa aplicará de manera inmediata para las personas morales, mientras que para las físicas entrará en vigor en 2027.
Asimismo, las entidades financieras fortalecerán los protocolos para identificar a quienes realicen depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, incluso si no son los titulares de las cuentas. Además, se desarrollarán mejores prácticas para alinear la regulación local con estándares internacionales, especialmente los de Estados Unidos, e implementarán una plataforma tecnológica para compartir información en tiempo real entre instituciones. Este sistema permitirá una detección más rápida y eficaz de operaciones sospechosas, coordinándose además con la Unidad de Inteligencia Financiera en esfuerzos conjuntos para cerrar vacíos regulatorios.
La iniciativa surge como un acuerdo entre los propios bancos, sin órdenes directas de autoridades externas, resaltando su compromiso con la transparencia y la seguridad del sistema financiero. En el contexto macroeconómico, la Asociación de Bancos de México mejoró sus proyecciones de crecimiento para 2025 y 2026, destacando la solidez del sistema bancario nacional pese a ciertos signos de desaceleración en algunos segmentos, con un sistema con alta liquidez y capitalización.