Cuauhtémoc, Ciudad de México. - El Congreso de la Ciudad de México está considerando una reforma que busca endurecer las reglas para la contratación de obras públicas, con el objetivo de eliminar la participación de empresas fachada y prestanombres. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Mario Enrique Sánchez Flores del Partido Acción Nacional (PAN) y la legisladora Claudia Susana Pérez Romero, y propone modificar el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas.
Datos clave
- Propuesta: reforma al artículo 67 de la Ley de Obras Públicas
- Presentadores: Mario Enrique Sánchez Flores y Claudia Susana Pérez Romero
- Objetivo: prevenir el uso de empresas fachada en contratos públicos
- Impedimentos: quienes hayan incurrido en irregularidades no podrán contratar nuevamente
- Fecha de presentación: 3 de febrero de 2026
La reforma busca establecer que aquellos individuos que tengan un historial de irregularidades con empresas sancionadas no puedan crear nuevas compañías o actuar a través de terceros para obtener contratos. El legislador Sánchez Flores subrayó la importancia de identificar a las personas detrás de las empresas que evaden sanciones, afirmando que "una empresa no simula ni evade la ley por sí sola".
¿Qué implica la reforma para la contratación pública?
Si se aprueba esta reforma, la Contraloría de la Ciudad de México tendrá la capacidad de integrar expedientes cuando detecte faltas administrativas graves durante los procedimientos de contratación de obras. Estos expedientes serían enviados a la autoridad competente para su revisión y resolución.
Además, quienes hayan dirigido empresas sancionadas y cuyas acciones sean probadas no podrán acceder a contratos gubernamentales a través de nuevas sociedades y prestanombres. Esta medida está diseñada para fortalecer los mecanismos de prevención y sanción frente a la simulación en el sector de obras públicas.
La necesidad de esta reforma es evidente, ya que se han detectado más de 3,500 contratos asociados con empresas que se dedican a la simulación de operaciones. La iniciativa no busca perjudicar a los empresarios que cumplen con la ley, sino garantizar que quienes han incurrido en irregularidades no continúen beneficiándose de recursos públicos.
Con la propuesta en manos de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se espera que la discusión de la reforma avance en el proceso legislativo y ayude a sentar un precedente importante en la administración pública.
Con información de cronista.com