Ciudad de México. - Desde el 6 de noviembre, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro nacional que ha paralizado juzgados en más de 17 estados del país. Los empleados exigen cambios al nuevo sistema de evaluación, que según ellos, pone en riesgo su permanencia laboral y estabilidad económica.
La movilización comenzó en las primeras horas del día, cuando se cerraron diversas sedes judiciales de manera indefinida, incluyendo el emblemático recinto de San Lázaro. Los trabajadores manifestaron su preocupación por un nuevo esquema de calificación que otorga solo un 40 por ciento de valor al conocimiento técnico y jurídico, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de criterios subjetivos, lo que podría abrir la puerta a injusticias y favoritismos.
El paro se ha extendido a diferentes entidades, como la Ciudad de México y el Estado de México, así como a estados como Nuevo León, Jalisco, Puebla y Baja California Sur. En varias sedes, los trabajadores colocaron candados en las entradas y realizaron bloqueos en las vialidades cercanas para visibilizar su descontento.
Los inconformes enfatizan que no se oponen a las evaluaciones, sino que rechazan la forma en que se implementará el nuevo mecanismo. Aseguran que estas calificaciones podrían usarse como herramienta de presión y temen represalias laborales o despidos encubiertos.
A pesar de la paralización, los trabajadores han establecido guardias operativas para atender casos urgentes, garantizando así que asuntos críticos puedan ser atendidos. Los inconformes han declarado que mantendrán la suspensión de actividades hasta que se establezca un diálogo formal con el Órgano de Administración Judicial que permita revocar el nuevo acuerdo de evaluación.
Con información de informador.mx