Iván, un colombiano de 25 años, llegó a México buscando trabajo, pero su vida cambió drásticamente al ser despojado de sus documentos en el aeropuerto de Guadalajara. Ahora, se encuentra en un penal en Michoacán, acusado de llevar un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, a pesar de tener una condición médica que le impide realizar actividades físicas intensas.
Las irregularidades en su expediente son evidentes. A pesar de la presentación de dictámenes médicos que respaldan su estado de salud, así como informes de balística que demuestran el peso del arma supuestamente portaba, sus argumentos han sido desestimados. En una audiencia, se observó que Iván apenas podía desplazarse, lo que cuestiona la validez de la acusación en su contra.
Un detalle alarmante es la declaración de un médico legista, que en lugar de verificar si Iván había sido torturado, incluyó en el expediente una supuesta confesión sobre su vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este hecho evidencia una falta de responsabilidad en la administración de justicia, donde la presunción de culpabilidad parece prevalecer sobre la búsqueda de la verdad.
El caso de Iván refleja un problema más amplio en el sistema penal mexicano, donde la velocidad de las consignaciones supera la calidad de las investigaciones. Aquellos involucrados en la justicia se enfrentan a un entorno violento y complejo, lo que agrava la situación de personas como Iván. Las injusticias sistemáticas generan un ciclo de error y violencia, donde el Estado no escucha a las verdaderas víctimas.
La falta de atención a casos de reclutamiento forzado y la ausencia de criterios adecuados para diferenciar a víctimas de perpetradores representan una deuda significativa para el sistema mexicano. Iván, que solo buscaba una mejor vida, sigue atrapado en un entramado de justicia que ignora su voz y su historia.
Con información de eluniversal.com.mx