Ciudad de México, CDMX. - Recuperar una vivienda tras un despojo en la Ciudad de México puede tomar entre ocho meses y cinco años. Las redes dedicadas a este delito operan en colonias como Del Valle y utilizan tácticas complejas que prolongan las investigaciones penales y los litigios civiles.
Desde 2019, se registran entre 10 y 11 casos diarios de despojo, contabilizando más de 4 mil anuales, según el gobierno capitalino. La reciente propuesta de la administración local y la Fiscalía General de Justicia de restituir inmuebles en 15 días y judicializar las carpetas en 30 días contrasta con la realidad del sistema judicial.
La restitución rápida solo se aplica si las víctimas proporcionan documentación íntegra que acredite su propiedad, algo que no suele ser común. Los despojados frecuentemente no tienen sus papeles en orden, lo que complica el proceso. Además, en muchos casos, las víctimas descubren el despojo cuando llegan a sus viviendas y encuentran las cerraduras cambiadas.
La abogada Salma Sosa, especialista en recuperación inmobiliaria, señala que el tiempo para obtener copias certificadas del Registro Público de la Propiedad puede ser utilizado por los ocupantes para presentar documentos falsos. La defensa de estos últimos puede paralizar la investigación penal, al alegar posesión a través de un contrato fabricado, lo que lleva a que la Fiscalía declare que se trata de un conflicto civil y remita el caso a otro tribunal.
En el ámbito civil, el propietario legítimo enfrenta un proceso prolongado y costoso que incluye juicios ordinarios. A pesar de obtener una sentencia favorable, la restitución puede dilatarse por apelaciones y recursos legales de los ocupantes. La situación se complica aún más por cambios recientes en los criterios judiciales que han facilitado a los invasores mantener la posesión con garantías más accesibles.
Las dificultades no terminan en el ámbito judicial. La ejecución de órdenes de desalojo enfrenta múltiples obstáculos administrativos que a menudo retrasan el proceso. La ley exige la presencia de diversas instituciones según la situación de los ocupantes, lo cual complica aún más el desalojo y permite que los despojadores introduzcan obstáculos. Los analistas coinciden en que el plazo de 15 días para resolver un despojo es irreal, considerando las dificultades prácticas en el sistema.
Con información de nmas.com.mx