Ensenada, Baja California. - Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ha presentado una demanda de amparo en los tribunales federales del municipio de Ensenada. El recurso legal se enmarca dentro de un juicio de derechos fundamentales y fue registrado bajo el número 764/2026 en el Juzgado Séptimo de Distrito.
Datos clave
- Demandante: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
- Actos reclamados: Privación ilegal de la libertad, tortura y malos tratos.
- Autoridad responsable: Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
- Ubicación de la demanda: Ensenada, Baja California.
- Fecha del traslado de Ruffo: Durante su detención en Ensenada fue llevado posteriormente a Tijuana y luego a la Ciudad de México.
La demanda de amparo responde a las acciones que llevaron a Ruffo a ser detenido, donde alega haber sido víctima de privación de libertad e incomunicación, además de posibles actos de tortura y malos tratos por parte de la FEMDO, parte de la Fiscalía General de la República. Sus abogados han solicitado la suspensión de estos actos, y el juez otorgó dicha suspensión para evitar cualquier violación a sus derechos establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de México.
## ¿Qué significa para la comunidad bajacaliforniana? La situación de Ruffo podría impactar la percepción pública sobre la actuación de las autoridades en casos de corrupción y criminalidad en la región. La demanda de amparo podría abrir el debate sobre el tratamiento de los exfuncionarios acusados de delitos y la manera en que se llevan a cabo las investigaciones por parte de la justicia.
## ¿A quién afecta esta demanda? Este caso no solo tiene repercusiones para Ruffo sino también para otros exgobernantes y funcionarios públicos en Baja California. Si se demuestra algún tipo de irregularidad en el proceso, podría generar un precedente que influya en futuras acusaciones y en la relación entre las autoridades y la ciudadanía.
El exgobernador Rousse Appel enfrenta serios señalamientos por su supuesta implicación en una red de huachicol fiscal, con un impacto de más de cuatro mil millones de pesos al fisco nacional. La Fiscalía General de la República ha detallado que su investigación sugiere que esta red operaba a través de una empresa relacionada con actividades portuarias. Se espera que, conforme avancen los procedimientos legales, se establezcan más detalles sobre las acusaciones.
Con información de zetatijuana.com