Ciudad de México, CDMX. - La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no es un acto de "justicia selectiva" ni está relacionada con la controversia política en torno a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ruffo fue arrestado el 16 de julio de 2026, a raíz de una investigación sobre presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Datos clave
- Quién: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
- Qué: Detención por presunto contrabando de combustible.
- Dónde: Ensenada, Baja California.
- Cuándo: 16 de julio de 2026.
Sheinbaum también comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) actuó conforme a investigaciones previas. La mandataria indicó que el arresto no guarda relación con los audios recientes que involucran a la gobernadora Ávila Olmeda, enfatizando que la detención de Ruffo fue resultado de un trabajo judicial autónomo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la captura se inscribe en una indagatoria que lleva un año en curso. Resaltó que este caso se originó tras un aseguramiento histórico de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, vinculado a una red de contrabando en la que participa la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es accionista.
¿Qué significa la detención para el panorama político en Baja California?
La detención de Ruffo Appel podría tener implicaciones significativas en el clima político de Baja California, un estado donde las tensiones son altas. Este arresto, uno de los más relevantes de un exgobernador opositor, sucede en un momento donde las acusaciones y cuestionamientos sobre la administración estatal están en auge.
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su apoyo a Ruffo, confiando en que podrá aclarar las acusaciones en su contra. Sin embargo, también criticaron lo que consideran un trato desigual frente a otros casos políticos.
Repercusiones en la opinión pública
La captura de Ruffo Appel se produce en un contexto de gran visibilidad mediática. Se prevé que potenciará los debates sobre el uso de la justicia penal en el ámbito político. La FGR todavía no ha emitido un comunicado oficial acerca del traslado de Ruffo al Centro Federal de Readaptación Social número 1, lo que añade un aire de incertidumbre sobre el proceso judicial que enfrenta.
La situación pone de relieve la relación entre justicia, política y percepciones públicas, especialmente en un estado con un panorama electoral activo.
Con información de afntijuana.info