El flujo de dinero ilícito proveniente de extorsiones desde centros penitenciarios ha generado preocupación entre autoridades y el sector bancario en México. La Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el mando de Omar Reyes Colmenares, y la Asociación de Bancos de México, liderada por Emilio Romano, han intensificado acciones para controlar esta problemática.
Según estadísticas oficiales, se reportan más de 10 mil casos de extorsión anuales en el país, cifra que podría ser considerablemente mayor debido al subregistro. Muchas de estas llamadas provienen de penales, donde la introducción ilegal de teléfonos móviles es un fenómeno alarmante.
La UIF ha identificado patrones en las transacciones relacionadas con estas extorsiones. Por ejemplo, es común ver transferencias electrónicas con descripciones como “apoyo” o “urgente”, lo que facilita la dispersión rápida de fondos. En un estudio, se observó que el 70% de los movimientos se realizaban a través de aplicaciones móviles, lo que permite que el dinero se fragmenta y desaparezca rápidamente.
En estados como el Estado de México y Jalisco, se ha documentado cómo las víctimas son obligadas a realizar depósitos que van desde 3 mil hasta 50 mil pesos, los cuales se dispersan en múltiples cuentas pequeñas antes de ser retirados o usados para compras digitales. Este sistema de cuentas puentes complica los esfuerzos por rastrear el origen de los fondos.
El plan de la UIF y la ABM incluye un periodo de 60 días para su adopción y otros 60 para su implementación. Se espera que los bancos fortalezcan sus sistemas de monitoreo casi en tiempo real, capacitando personal y ajustando algoritmos de detección de comportamientos inusuales. Sin embargo, el verdadero desafío persiste dentro de los centros penitenciarios, donde la presencia de dispositivos móviles sigue permitiendo que el crimen opere sin restricciones.
Con información de zocalo.com.mx