El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha iniciado una apelación legal ante un tribunal para que la Ley SB-4 se implemente en su totalidad, tras la suspensión de partes de esta normativa por un juez federal. Paxton también solicita que se levante la suspensión del fallo mientras se resuelve la apelación.
En declaraciones al Heraldo de Juárez, el fiscal general expresó su compromiso con respetar la soberanía texana y enmarcó la ley como herramienta clave para combatir la entrada irregular de migrantes. La Ley SB-4, aprobada en 2023, tipifica el cruce ilegal de la frontera entre México y Texas como un delito estatal y permite la detención de personas sospechosas de ingresar de forma no regulada.
La suspensión de varias secciones de la ley fue impuesta por el juez federal de distrito David Alan Ezra, quien argumentó que ciertas disposiciones sobrepasan las competencias del gobierno estatal. Su resolución destaca la inverosimilitud de permitir que los 50 estados diseñen y apliquen sus políticas migratorias, creando un ambiente de confusión y desacuerdo.
Este caso se convierte en un punto focal de confrontación entre las autoridades texanas y las federales en relación con el control migratorio. Grupos de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU), han cuestionado la constitucionalidad de la ley. La ACLU argumenta que podría fomentar el perfilamiento racial y no establece excepciones claras para aquellos con procesos migratorios pendientes.
El juez Ezra bloqueó partes cruciales de la ley, incluyendo la penalización de reingresos legales y las órdenes de deportación emitidas por jueces estatales. Aunque la disposición sobre ingresos irregulares sigue activa, el juez sugiere que puede enfrentar problemas constitucionales similares a los demás aspectos de la normativa.
Con información de clarin.com