25 Estados y el Distrito de Columbia han presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), alegando que la Administración de Donald Trump condiciona los fondos de emergencia a cambios en políticas electorales y migratorias. La querella fue interpuesta en un tribunal federal de Rhode Island.
## Datos clave - Demandantes: 25 Estados y el Distrito de Columbia. - Cuánto: Fondos que superan los 148 millones de dólares en riesgo. - Dónde: Tribunal federal en Rhode Island. - Cuándo: Presentación de la demanda el 10 de julio de 2023.
La coalición de demandantes, compuesta por fiscales generales de 23 Estados y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, argumenta que las nuevas condiciones establecidas por DHS y FEMA obligan a los Estados a verificar la ciudadanía de los votantes y adoptar métodos de votación específicos. De no cumplir, podrían perder al menos el 20% de los fondos asignados a la seguridad nacional.
Los demandantes sostienen que estas exigencias invaden competencias estatales, particularmente en la organización de elecciones, y se oponen a la seguridad pública al recibir insultos en atención a los recursos que, según ellos, fueron aprobados por el Congreso para emergencias y no para fines políticos.
## ¿Qué medidas se impusieron? Las nuevas condiciones obligan a los Estados a implementar verificaciones de ciudadanía, utilizar boletas de papel y realizar auditorías manuales de procesos electorales. Además, se les exige conciliar el número de votantes con los sufragios emitidos y colaborar con autoridades migratorias federales, condiciones que, según legalmente, podrían considerarse excesivas.
## ¿Qué argumenta FEMA? FEMA defiende esta política como una medida necesaria para garantizar la integridad electoral, señalando que los recursos se destinan a proteger la seguridad de los procesos electorales. Un portavoz de la agencia sostuvo que los requerimientos buscan asegurar que los Estados tomen acciones apropiadas antes de recibir la totalidad de las subvenciones.
La controversia resalta la tensión existente sobre la administración electoral en Estados Unidos, especialmente desde las elecciones de 2020, cuando se plantearon alegaciones de fraude por parte de Trump sin evidencias sustanciales. Esta demanda podría marcar un precedente en la legislación sobre la distribución de fondos federales ante cambios políticos.
Con información de elpais.com