Zaragoza, España. - Una manifestación el 7 de noviembre reunió a cerca de cinco mil personas en Zaragoza, exigiendo una moratoria para evaluar la expansión de macrocentros de datos en la región. La movilización busca abordar la necesidad de revisar los impactos ambientales y las condiciones de transparencia en estos proyectos que prometen significativas inversiones.
Los asistentes a la protesta se congregaron para demandar una evaluación rigurosa antes de que se consoliden las iniciativas, argumentando que las inversiones no justifican el compromiso de recursos y territorio. La protesta forma parte de las jornadas de Stop Dirty Data Centres, con acciones simultáneas en quince países europeos, marcando una tendencia de resistencia a la expansión de estos centros.
Es fundamental distinguir entre las instalaciones ya en operación y los proyectos planeados. Un caso es el desarrollo de un campus por parte de Ferrovial en Alcobendas, anunciado con más de 100 megavatios, pero cuya primera fase corresponde a solo 60 MW. Este tipo de discrepancias inflan las expectativas económicas al no separar adecuadamente las etapas del proceso.
El debate también se centra en la necesidad de incrementar la transparencia en los acuerdos alcanzados. José Luis Montero, alcalde de Villamayor de Gállego, ha expresado su preocupación por la falta de información clara sobre los beneficios para la comunidad y el impacto real en recursos como el agua y la electricidad.
La legislación aragonesa permite la aprobación de estos proyectos sin un título urbanístico adicional, lo que genera incertidumbre y cuestionamientos sobre los beneficios públicos que se derivarán de tal interés general. Las comunidades afectadas abogan por un mayor control municipal frente a una expansión que puede tener efectos prolongados y significativos.
Con información de aqui.madrid

