San Juan, Puerto Rico. - Activistas de derechos humanos, líderes magisteriales y abogadas de inmigración criticaron las enmiendas al Proyecto del Senado (PS) 1062, que regula las intervenciones de inmigración en escuelas públicas. La aprobación del proyecto en el Senado el 5 de noviembre y su envío a la Cámara de Representantes ha desatado llamados a realizar vistas públicas, dado el "lenguaje ambiguo" que se argumenta podría afectar las disposiciones existentes en el protocolo del Departamento de Educación.
Tras no obtener apoyo en la Cámara en la última sesión ordinaria, el proyecto podría ser reconsiderado en enero. Ante esto, las organizaciones demandaron a la representante Tatiana Pérez Ramírez, presidenta de la Comisión de Educación, que permita vistas públicas para evaluar las implicaciones de la medida.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, enfatizó la obligación de la Cámara de corregir las enmiendas del Senado. "La Cámara de Representantes debe restituir las garantías originales y abrir un proceso de vistas públicas", declaró.
Los críticos señalaron que el protocolo vigente, implementado en febrero de 2025, asegura la protección de todos los estudiantes. La autora de la medida, Nitza Morán Trinidad, defendió su propuesta al indicar que buscaba que el protocolo tuviera fuerza de ley y no estuviera sujeto a cambios administrativos. Además, explicó que la intervención de ICE en una escuela requeriría la entrega de una orden judicial a la administración antes de cualquier acción.
Sin embargo, las abogadas de la ACLU advierten que ciertas enmiendas en el texto aprobado facilitan, en su opinión, la entrada de agentes de inmigración a las escuelas. A pesar de una falta de reportes de intervenciones por parte de ICE en las escuelas, se alertó sobre las ausencias de estudiantes durante redadas en sus comunidades.
El artículo 7(a) fue criticado por eliminar requisitos específicos para las órdenes judiciales, mientras que el artículo 6 eliminó la necesidad de asesoría legal previa para la divulgación de información estudiantil, lo que debilita la protección de datos personales.
Con información de elnuevodia.com