Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron que las visas del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, han sido revocadas, lo que contradice las declaraciones de ambos mandatarios que niegan tal hecho. Esta situación plantea interrogantes sobre los vínculos de estos funcionarios con el crimen organizado.
Ambos gobernadores aún poseen físicamente sus visas, ya que no han intentado cruzar hacia Estados Unidos, lo que impide la anulación física de sus documentos migratorios. Esta situación es similar a la de otros funcionarios morenistas, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya visa fue cancelada el año anterior.
El Departamento de Estado no ofreció detalles sobre las investigaciones que llevaron a la revocación de las visas, aunque mencionó que la conexión entre estos gobernadores y actividades delictivas, específicamente narcotráfico, parece ser un aspecto común en ambos casos. Esta sanción se suma a una creciente presión ejercida por el gobierno estadounidense sobre funcionarios mexicanos desde 2025.
Durazo Montaño describió las acusaciones como infundadas y sostuvo que siempre ha operado con transparencia. Por su parte, el vocero del gobierno tamaulipeco descalificó los informes de medios estadounidenses, al tiempo que el mandatario no asistió a una reunión de seguridad programada, algo que generó más dudas sobre su estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a ambos gobernadores a esclarecer su situación migratoria y puso en duda la motivación política detrás de estas acciones por parte de Washington. Mientras tanto, se intensifica la atención hacia los vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, un tema candente que afecta la relación entre México y Estados Unidos.
Con información de zetatijuana.com