La reciente solicitud de detención y extradición de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios revela un complejo entramado de narcopolítica en México. Este fenómeno ha tomado fuerza en múltiples estados, siendo Sinaloa un claro ejemplo de cómo el crimen organizado influye en la política local.
Diversos gobernadores se encuentran bajo la atención de agencias estadounidenses. En Tamaulipas, Américo Villarreal enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y el conocido “Rey del Huachicol”. Asimismo, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, se halla bajo presión por sus supuestos nexos con el crimen, situación que le llevó a perder su visa en 2025.
La situación es igualmente preocupante en Michoacán, donde Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Morena, ha sido señalado por su relación con Cárteles Unidos y amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este patrón de amenazas y vínculos con el narcotráfico se ha replicado en otros estados, evidenciando un fenómeno sistemático que afecta el proceso electoral.
Desde 2021, las cifras de violencia electoral han aumentado drásticamente, con un incremento del 150% en las víctimas. Guerrero, Chiapas y Michoacán son entidades donde la violencia ha definido quiénes pueden ser candidatos. El escenario electoral de 2024 se ha perfilado como uno de los más peligrosos en la historia reciente del país, con organizaciones civiles reportando un alarmante número de asesinatos de políticos.
La combinación de violencia y colusión con el crimen organizado ha socavado el voto ciudadano, poniendo en riesgo la democracia. Este mapa de complicidad entre políticos y cárteles puede llevar a una erosión profunda de la legitimidad electoral en México.
Con información de tvazteca.com