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Gobierno de Tamaulipas defiende acciones legales contra Grupo Dalka

El gobierno de Tamaulipas defiende las acciones legales contra Grupo Dalka, rechazando acusaciones de persecución política en un litigio prolongado.

Por Redacción1 min de lectura
La administración estatal rechaza acusaciones de persecución política en un litigio que se extiende por más de tres años.
La administración estatal rechaza acusaciones de persecución política en un litigio que se extiende por más de tres años.
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Tamaulipas. - La administración estatal aclaró que las acciones legales emprendidas contra el Grupo Empresarial Dalka no responden a motivaciones políticas. Este litigio ha durado más de tres años y sigue en proceso. La declaración surgió tras acusaciones recientes de la empresa hacia el hijo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, sobre actos de corrupción relacionados con un contrato millonario.

Un representante del Grupo Empresarial Dalka expuso sus señalamientos en diferentes medios, argumentando que estos no se encuentran reflejados en las demandas ni en los procesos legales. La oficina ejecutiva del estado destacó que las cada resolución se fundamenta en documentos y pruebas presentadas oficialmente, y no en comentarios mediáticos.

El conflicto tiene su origen en un contrato firmado en marzo de 2023 para el suministro de despensas. Este acuerdo fue rescindido por el gobierno al detectar incumplimientos por parte de Dalka en relación a las pólizas de garantía. Posteriormente, la empresa llevó el caso al Tribunal de Justicia Administrativa para obtener indemnización, enfrentando diversas decisiones judiciales.

Aunque una sala inicial había fallado a favor del Grupo, el Pleno del Tribunal revirtió esa decisión de manera unánime, procedimiento que fue ratificado en instancias federales tras un juicio de amparo. Mientras tanto, el suministro de despensas se realizó a través de DICONSA, una institución federal que brindó mejores condiciones.

Por último, la investigación penal en curso contra el dueño de Grupo Dalka no está motivada por razones políticas, sino por incongruencias encontradas en los documentos relacionados con el contrato. La discrepancia surgió entre las fechas reportadas en la demanda y las que proporcionó la afianzadora de las pólizas. Esta situación ha llevado a las autoridades competentes a indagar más a fondo los hechos.

Con información de elceo.com

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