El gobierno de Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, por supuestos lazos con el crimen organizado. Las indagatorias, según un reportaje del diario Los Angeles Times, se centran en actividades relacionadas con el tráfico de combustible y otros delitos.
Las acusaciones contra Durazo, exsecretario de Seguridad federal, incluyen la supresión de su visa el año pasado. Informes indican que Estados Unidos lo está investigando debido a la posible conexión con organizaciones delictivas. Este alto funcionario habría accedido a un programa que le permitiría obtener beneficios legales a cambio de información sobre actividades ilegales.
Por su parte, Américo Villarreal está siendo examinado por su posible implicación en el huachicol, un delito grave en México relacionado con el contrabando de combustible. Se menciona que Villarreal podría haber tenido acompañamiento de agentes estadounidenses durante sus visitas al país, lo que añade una capa de complejidad a su situación.
Este enfoque de Washington refleja el cambio en su estrategia hacia la lucha contra el narcotráfico, dando un giro hacia la investigación de funcionarios en funciones, algo poco habitual en el pasado. Las indagatorias recientes también han incluido otros funcionarios, como Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, quien fue acusado de corrupción vinculada al Cártel de Sinaloa.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ha expresado su inquietud sobre estas acciones, cuestionando si realmente hay un interés legítimo por combatir el crimen o si se están utilizando estos casos para influir en las elecciones de ambos países. La situación continúa evolucionando, y la respuesta de los gobiernos de México y Estados Unidos será crítica en las próximas semanas.
Con información de vanguardia.com.mx