La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, están en la mira de tribunales estadounidenses. Se informa que el gobierno de los Estados Unidos tendría en marcha procesos formales en su contra, lo que podría complicar aún más su situación política.
Marina del Pilar Ávila se quedó sin visa desde hace un año, tras ser vinculada a un caso de lavado de dinero que involucra a su esposo y exoperador político, Carlos Torres. Por su parte, Américo Villarreal ha sido objeto de múltiples acusaciones relacionadas con la colusión entre políticos y organizaciones criminales. Su nombre surge constantemente en discusiones sobre el financiamiento ilícito recibido por su partido.
La gravedad de estas acusaciones es tal que un exalcalde morenista, ahora diputado federal, aseguró que Villarreal está implicado en actividades de huachicol. Este contexto se complica con su antecedente como delegado de Morena en Sinaloa, donde se sospecha de una conexión con los cárteles durante la pasada elección estatal.
Por otro lado, se señala que en la CIA hay creciente descontento por la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta situación revela un doble estándar en el tratamiento de las denuncias: mientras que se agudizan las críticas hacia la agencia tras la muerte de agentes en operativos en México, la defensa de un gobernador morenista envuelto en acusaciones es respaldada por el Estado mexicano. La contradicción ha llevado a algunos sectores del morenismo a reconsiderar sus alianzas y a discutir la posibilidad de distanciarse de Rocha Moya.
Con información de vanguardia.com.mx