El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el desalojo y desmantelamiento de la antigua prisión, que ha permanecido deshabitada desde 1999 y ha sido utilizada como asentamiento ilegal. Actualmente, unas 70 personas se encuentran en el recinto, que en su punto más crítico llegó a albergar hasta 300 residentes.
El operativo se realiza con la colaboración de la Policía Local, la Policía Nacional y personal de Servicios Sociales. La administración municipal busca desalojar el lugar por razones de seguridad y salubridad, así como por el riesgo estructural del inmueble. Tras el desalojo, se procederá a limpiar el área y a sellar los accesos para prevenir nuevas ocupaciones.
El desalojo ha generado críticas por parte de organizaciones sociales, que señalan la carencia de opciones habitacionales adecuadas para los desalojados. Aunque se han habilitado carpas temporales cerca del parque de bomberos, las soluciones ofrecidas son consideradas insuficientes, pues solo brindan refugio temporal.
A esta acción se suma un problema más amplio en las Islas Baleares, donde la emergencia habitacional se ha agudizado. Los altos precios de los inmuebles han llevado a un aumento del chabolismo y asentamientos informales debido a la presión del mercado turístico y la falta de viviendas disponibles a precios razonables.
Una vez completado el desalojo, el Ayuntamiento tiene como plan convertir la antigua prisión en un centro social y espacio verde para la comunidad. Se prevé que este proyecto respete la fachada del edificio y se ejecuten los trabajos a lo largo de las próximas semanas.
Con información de lavanguardia.com