Ciudad de México. – Durante 2024, entre 388 y mil 84 adolescentes mexicanos fueron privados de su libertad, lo que sugiere un preocupante aumento en el reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales, según revela el Balance Anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Esta cifra representa un incremento del 20.6% respecto al año anterior.
El informe señala que las entidades con mayor incidencia son Estado de México, Sonora y Chihuahua, zonas marcadas por la disputa territorial entre grupos delictivos. Redim expresa su alarma ante esta tendencia, destacando que el reclutamiento forzado aún no es considerado un delito autónomo en las leyes mexicanas, lo que dificulta su visibilización y combate.
La organización subraya que delitos como la extorsión, trata de personas y violencia familiar, que a menudo involucran a menores, sufren de altos niveles de subregistro debido al miedo, la normalización de la violencia, la desconfianza en las autoridades y la falta de mecanismos de denuncia accesibles.
Ante esta situación, Redim enfatiza la necesidad de fortalecer los sistemas de denuncia y recopilación de datos, haciendo un llamado a las autoridades para que adopten respuestas oportunas, coordinadas y eficaces, así como políticas públicas enfocadas en la prevención para evitar daños irreparables a los derechos de la infancia y adolescencia.
Un informe previo entre Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) estimó entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes en riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada, quienes son utilizados en diversas actividades delictivas, desde transporte de drogas hasta actos violentos, debido a su alta vulnerabilidad.
Además, el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 indica que, a pesar de un aumento nominal en el gasto destinado a la niñez y adolescencia, el porcentaje total asignado es insuficiente para revertir las brechas en el ejercicio de sus derechos, en un contexto de crisis sociales, económicas y de seguridad. Redim insta a priorizar a la niñez y adolescencia en la planeación del gasto público y a generar datos claros y desagregados para el diseño de políticas basadas en evidencia.