La asociación Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público ha presentado una propuesta para reformar el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esta modificación busca exigir que los aspirantes a ocupar una diputación cuenten con un título profesional en derecho, con el fin de garantizar un mejor desempeño legislativo.
Datos clave
- Propuesta: Reformar el artículo 36 de la Constitución de Puebla.
- Autor: Asociación Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público.
- Objetivo: Exigir que los diputados tengan título en derecho.
- Fecha de presentación: 23 de junio.
Alejandro Ruiz Cabrera, presidente de la asociación, afirmó que la falta de preparación de algunos legisladores afecta la calidad y eficiencia en la creación de leyes. Actualmente, los requisitos para ser diputado en Puebla son mínimos, pidiendo únicamente ser ciudadano del estado, saber leer y escribir y tener al menos 18 años. Esto ha llevado a la propuesta de una reforma que eleve los estándares de capacidad y profesionalismo en la función legislativa.
Manuel Carmona Sosa, asesor jurídico de la asociación, enfatizó que la educación superior es fundamental para el desarrollo de un buen gobierno y que se busca generar un debate sobre el tema. Resaltó que la medida no solo beneficiaría a la profesionalización de los diputados, sino que también podría mejorar la calidad de los servicios que la sociedad espera recibir.
¿Cuál es la justificación para esta propuesta?
Los impulsores de la Ley Salvatori fundamentan su iniciativa en el derecho humano a un buen gobierno, tal como se establece en la Constitución mexicana. Además, citan una tesis judicial que resalta que una buena administración es un derecho fundamental y un principio de acción de los poderes públicos.
¿Qué oposición enfrenta la iniciativa?
Morena, el partido en el poder en Puebla, ha manifestado su rechazo a esta propuesta, calificándola de inconstitucional. Alfonso Bermúdez, representante de Morena ante el órgano electoral, consideró que la iniciativa es violatoria de los derechos constitucionales y que no respeta la diversidad de formación de los aspirantes.
La propuesta continúa esperando discusión en el ámbito legislativo, enfrentando barreras por parte de sectores que argumentan en favor de la inclusión y el acceso equitativo a cargos públicos.
Con información de e-consulta.com