La organización expresa su desacuerdo con la reciente ley que permite designaciones notariales sin evaluación técnica, argumentando riesgos a la seguridad jurídica.
El Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha manifestado su oposición a la modificación de la Ley del Notariado en el estado de Zacatecas, aprobada por su legislatura en los últimos meses. La propuesta contempla cambios que, según el gremio, amenazan la independencia de los notarios y la confianza en los documentos públicos. La reforma permite la designación de notarios mediante criterios discrecionales sin un proceso de oposición, además de establecer un sistema de pregrado que facilita la emisión de patentes notariales tras un período de preparación de 20 meses, sin evaluación previa de capacidades técnicas.
Este movimiento legislativo ha generado preocupación entre los expertos por su impacto en la seguridad jurídica y en la protección patrimonial de las familias zacatecanas. La organización destaca que la labor notarial debe sustentarse en profesionalismo, formación rigurosa y autonomía, elementos que se ven comprometidos con este tipo de reformas.
Cabe recordar que la evolución del sector notarial en México ha ido encaminada a fortalecer aspectos tecnológicos, como la digitalización y la eficiencia administrativa, que aportan mayor transparencia y confianza en los procesos. La propuesta de Zacatecas, en cambio, prioriza la expansión de nombramientos sin base técnica sólida, lo cual puede disminuir la calidad de los servicios y aumentar riesgos jurídicos.
El Colegio ha solicitado al gobernador del estado, David Monreal Ávila, que ejerza su facultad de veto para evitar la entrada en vigor de una ley que, en su opinión, socava los principios fundamentales del Estado de Derecho y la autonomía notarial. La organización reafirma su apoyo a los notarios de Zacatecas y advierte que la seguridad jurídica debe mantenerse alejada de intereses políticos.
Este caso subraya la importancia de mantener procesos rigurosos en la regulación del notariado para asegurar la confianza en los actos jurídicos y la protección de los derechos de los ciudadanos en un contexto legal cada vez más digital y demandante de profesionalismo.