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Zacatecas

Inhabilitan 20 años al ex rector de la UAZ por abuso sexual

Ex rector de la UAZ fue inhabilitado 20 años y perdió su reconocimiento académico tras ser condenado por abuso sexual a una menor de cinco años en Zacatecas.

Por Redacción1 min de lectura
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La sanción se impone tras su condena por abuso sexual a una menor, incluyendo la pérdida de su reconocimiento académico y apoyo económico en México.

El ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, fue inhabilitado durante dos décadas del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) tras ser condenado por abuso sexual agravado contra una niña de cinco años. La sanción, emitida en noviembre, also implica la cancelación de su nombramiento como investigador nivel 1 y la retirada de los estímulos económicos asociados a su grado académico.

Este fallo responde a la solicitud formal del entonces rector interino de la UAZ, Juan Armando Flores, quien en junio solicitó la suspensión de apoyos y reconocimientos para Ibarra Reyes tras su carga legal. La acusación formal se basó en hechos admitidos por el propio ex rector, quien fue detenido en mayo y trasladado al penal de Cieneguillas, en Zacatecas. Tras aceptar su responsabilidad mediante un juicio abreviado, recibió una condena de dos años de prisión que cumplió pagando una multa y logrando su libertad diez días después del arresto.

La comunidad académica y la Secretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación del país condenaron la conducta, considerando que viola los principios éticos fundamentales. La Universidad Autónoma de Zacatecas también destituyó al ex rector en mayo, tras su detención y admisión de culpabilidad, iniciando procedimientos administrativos para rescindir su contrato laboral. La decisión del SNII elimina definitivamente su participación en actividades científicas y académicas nacionales, enviando un mensaje contundente sobre la intolerancia ante conductas inapropiadas por parte de figuras de alto perfil.

Este caso revela la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y ética en el ámbito universitario y científico, garantizando así un entorno seguro y responsable para la comunidad. La acción refleja también la correcta respuesta institucional frente a delitos graves cometidos por personal en cargos de liderazgo, promoviendo la confianza en las instituciones públicas.

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