Agricultores y expertos advierten que cambios propuestos por Sheinbaum pueden afectar la producción y la seguridad jurídica del sector rural mexicano.
Un intenso debate ha surgido en diversos foros nacionales tras la presentación de propuestas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por el gobierno federal. La iniciativa contempla cambios en el régimen de concesiones del agua, eliminando la posibilidad de transmisión de derechos, lo cual ha generado inquietud en el sector agrícola. En particular, agricultores y especialistas argumentan que estas modificaciones pueden afectar la producción, al limitar la inversión en infraestructura y reducir el arraigo generacional en zonas rurales. Las propuestas también buscan regular el uso del agua subterránea, especialmente en regiones con alta dependencia del recurso, como Zacatecas, donde la agricultura de secano es fundamental.
Expertos destacan que la eliminación de la transmisión de derechos puede presentar riesgos a largo plazo para la seguridad jurídica y la continuidad agrícola, además de complicar la generación de ingresos en zonas rurales. La propuesta invoca la necesidad de un análisis técnico y regional, con un enfoque que considere las condiciones particulares de cada estado, antes de implementarse. La discusión en estos foros refleja un interés creciente por equilibrar la gestión del agua con las necesidades del campo y la estabilidad social, ante posibles impactos económicos y sociales que podrían derivarse de la reforma.
La reforma también ha despertado opiniones encontradas en el Congreso, donde algunos legisladores señalan que la normativa necesita ajustes para no afectar derechos adquiridos y garantizar la equidad en el acceso al agua. La oposición advierte que cambios sin un análisis profundo pueden generar conflictos legales y sociales significativos en el sector rural del país.