Yucatán enfrenta desafíos ambientales significativos por el crecimiento inmobiliario y la industria porcícola. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intensificado la vigilancia, especialmente tras la clausura de la granja Santa María, donde se retiraron más de 41,000 cerdos debido a violaciones ambientales.
La Profepa señaló que la empresa, Pecuaria Peninsular, gestionaba inapropiadamente sus aguas residuales, afectando cenotes y acuíferos locales. Este conflicto ha recibido atención pública luego de las denuncias de comunidades mayas que evidenciaron el impacto negativo en la salud y el acceso al agua potable.
La secretaria de Desarrollo Sustentable del estado destacó que se están realizando inspecciones continuas y colaboraciones con el sector porcícola para mejorar las prácticas operativas relacionadas con el tratamiento de aguas residuales. A pesar de que solo una granja ha sido cerrada definitivamente, existen otros casos abiertos para regularizar situaciones de incumplimiento.
La expansión agrícola y el desarrollo urbano también amenazan los manglares y cenotes de la región. Con 10 áreas prioritarias de manglar, Yucatán enfrenta una crisis ambiental caracterizada por la pérdida reciente de ecosistemas, que se estima alcanzó 150,000 hectáreas a nivel nacional.
El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, enfatizó un cambio de paradigma hacia un desarrollo sostenible que respete los recursos naturales. Desde 2024, se han sembrado más de 500,000 árboles, y se proyecta alcanzar 1.2 millones. Se prioriza la creación de vivienda en ubicaciones fuera de áreas críticas como los manglares, para minimizar el daño ecológico.
Con información de politica.expansion.mx