Mérida, Yucatán. – Fernando Castellanos Pacheco, titular de la Notaría Pública 6 de Mérida, se encuentra bajo observación debido a irregularidades detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lo incluyeron en un listado nacional de fedatarios con problemas y derivaron en un embargo fiscal sobre su patrimonio personal.
El patrimonio inmobiliario de Castellanos Pacheco, estimado en casi 6 millones de pesos, revela un perfil complejo: el de un fedatario que al mismo tiempo opera como inversionista, político y deudor fiscal. Esta situación genera cuestionamientos sobre su imparcialidad, especialmente considerando su rol en el Colegio del Notariado y su participación en operaciones de alto valor.
Castellanos Pacheco ha acumulado un portafolio inmobiliario durante más de una década, con propiedades en colonias de alta plusvalía como Montes de Amé, Francisco de Montejo y Ticul. Una de las adquisiciones más significativas es una casa en Montes de Amé, adquirida por poco más de un millón de pesos en 2018 y cuyo valor actual se estima entre 3 y 4 millones de pesos solo por el terreno.
Otro inmueble relevante, ubicado en Francisco de Montejo, aparece a su nombre y registra un embargo por parte del SAT. Este embargo, ejecutado por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, se mantuvo como un acto fiscal directo sobre su patrimonio antes de ser cancelado. Adicionalmente, posee un predio urbano en Ticul, adjudicado judicialmente, cuyo valor ronda entre 600 mil y 800 mil pesos.
La suma del valor actual de estas tres propiedades ubica el patrimonio inmobiliario del notario en un rango estimado de 5.1 a 6.8 millones de pesos. Esta fortuna, aunque no comparable a la de otros notarios, es considerable para un funcionario que, por ley, debe mantener la imparcialidad.
La inclusión del notario en el listado del SAT por irregularidades en el esquema de inscripción remota al RFC, sumada al embargo fiscal, genera dudas sobre su conducta y reputación institucional, contrastando con la pulcritud esperada de un fedatario público.