A más de un mes de la resolución judicial que ordenó responder a una solicitud de Poder Migrante, el Estado mantiene el silencio, evidenciando una vulneración a derechos fundamentales.
El gobierno del Estado de Yucatán continúa sin dar respuesta a una orden judicial relacionada con un derecho de petición, en medio de una problemática que evidencia desafíos en el cumplimiento de decisiones judiciales. La situación se originó tras la presentación de un amparo en julio por parte de la organización Poder Migrante de Yucatán, que reclamaba al Ejecutivo estatal la implementación de políticas para promover la cultura de la donación, con el fin de apoyar a las familias de los migrantes yucatecos mediante donativos que podrían financiar proyectos agrícolas y económicos.
La solicitud fue derivada a diversas instancias dentro del gobierno, incluyendo el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), que inicialmente manifestó que no le correspondía atender el asunto, retrasando así la respuesta. La resolución judicial del 19 de noviembre del año pasado ordenó que se dé una respuesta fundada y debidamente motivada, sin embargo, hasta la fecha esa instrucción no ha sido cumplida, lo que genera un desacato evidente.
Este incumplimiento refleja una problemática recurrente en varias instituciones públicas mexicanas, donde la falta de atención a fallos judiciales debilita el estado de derecho y afecta derechos colectivos. La organización Poder Migrante ha anunciado que, al reanudarse las actividades tras el periodo vacacional, retomarán el proceso para exigir el cumplimiento de la orden judicial y tomar las acciones legales correspondientes.
Además del conflicto judicial, la organización ha avanzado en gestiones para instalar un Parque del Migrante en Mérida, con el fin de honrar la memoria y el aporte de los migrantes yusacatecos en distintas comunidades internacionales. Se evalúan actualmente tres posibles ubicaciones en la ciudad, propuestas por la misma administración municipal, con la finalidad de crear un espacio dedicado a la memoria y cultura migrante, reflejando así la importancia de esta comunidad para la identidad regional actualmente.
El caso evidencia la relevancia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la respuesta efectiva a decisiones judiciales, especialmente en temas que involucran derechos culturales y sociales de las comunidades migrantes.