CHABIHau, YUCATÁN. – Una presunta maniobra orquestada por la denominada mafia agraria en Yucatán ha sido expuesta a través de una denuncia ciudadana. Se acusa que un predio de poco más de 104 hectáreas, ubicado originalmente en Chabihau, municipio de Yobaín, fue supuestamente desplazado de su sitio original para alejarlo de la zona de playa. En su lugar, se habrían “sembrado” tablajes cuya correspondencia geográfica se ubica en el municipio de Sinanché, a pesar de estar situados frente a la costa de Chabihau.
Los legítimos propietarios del terreno señalan que descubrieron esta presunta alteración hace varios años. Aunque lograron frenar las irregularidades en un principio, durante la administración estatal anterior se percataron de inscripciones irregulares en el Registro Público de la Propiedad. La situación ha escalado a un litigio, donde se alega la invasión de una parte del predio por supuestos nuevos dueños y alteraciones de documentos.
La denuncia, presentada por Alberto Gamboa Mena, apoderado de uno de los propietarios afectados, Mario Alberto Quiñones Aguilar, detalla antecedentes de disputas por la tierra en la región. En 1993, trabajadores de charcas salineras iniciaron trámites para el reconocimiento de posesión de las tierras, culminando con la obtención de un título de propiedad en 1999. Dicho título, expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a favor de “René Lope Herrera y copropietarios”, identificaba el predio “Chan Sinanché” con colindancias claras, incluyendo el Golfo de México al norte y tierras del ejido Chabihau al sur, este y oeste.
Las discrepancias surgieron cuando, según los afectados, intentos de inscripción de operaciones de compraventa utilizaron firmas falsificadas. Si bien se logró frenar una operación irregular en la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, la situación se agravó en la administración estatal siguiente. Se acusa al entonces director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Heide Zetina Rodríguez, de facilitar un “movimiento” del polígono hacia el sur, y la colocación de tablajes que geográficamente pertenecen a Sinanché.
Los denunciantes indican que las instituciones como la Sedatu y el Inegi han ratificado la ubicación y coordenadas originales del polígono, en contraposición a las modificaciones registradas. Consideran que la alteración de coordenadas pudo ser facilitada por Mario Peraza Ramírez, quien fungió como director del Catastro estatal entre 2015 y 2016. El caso se encuentra actualmente en un prolongado litigio, y los propietarios exigen el respeto a las dimensiones y ubicación de su propiedad.