La aprobación de las leyes de ingresos de 81 municipios garantiza la continuidad financiera y refleja el consenso en las reformas fiscales del estado.
Durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso del Estado de Yucatán, se formalizó la aprobación del paquete fiscal para el año 2026, asegurando la operatividad de los municipios en la próxima gestión. La Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal presentó y ratificó las leyes de ingresos y las leyes de hacienda de 81 localidades, incluyendo reformas o nuevas expediciones para 30 ayuntamientos y leyes de ingresos para 51 municipios. Este proceso es fundamental para que los ayuntamientos puedan sostener sus programas y servicios públicos sin interrupciones.
La discusión reveló un amplio respaldo institucional, aunque también se registraron polémicas relacionadas con algunas propuestas. La ley de ingresos de Mérida, encabezada por su alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, fue objeto de debate, ya que algunas bancadas criticaron posibles incrementos en los cobros fiscales a sectores específicos, como el comercio popular. La bancada de Morena defendió la propuesta, acusando a otros grupos de intentar imponer aumentos desproporcionados, en particular, un incremento de hasta 600% en algunas tasas de cobro. La alcaldesa solicitó modificaciones para evitar impactos negativos a los comerciantes establecidos.
Este proceso se inscribe en un contexto donde las decisiones fiscales municipales afectan directamente a la economía local. La coordinación entre el Congreso y los ayuntamientos busca garantizar finanzas claras y sustentables, en un entorno de reformas regulatorias dinámicas. La aprobación de reconocimientos y la incorporación de leyes relacionadas con derechos humanos y justicia social reflejan además la voluntad de fortalecer la gobernanza en el estado.
En el ámbito de reconocimiento ciudadano, se aprobó la entrega de medallas a destacados yucatenses en ámbitos académico, deportivo, cultural, social y de innovación. Además, se designó a nuevos integrantes en órganos de vigilancia y control, en un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la región.