La llegada del abogado a un cargo clave en la Suprema Corte intensifica la presión sobre las instituciones militares en medio de recientes controversias y movilizaciones sociales.
Recientemente, se confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales a un puesto estratégico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en medio de un contexto de creciente tensión política. Rosales, reconocido por su defensa de los derechos humanos en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ahora ocupa un cargo en la Secretaría de Estudios y Cuenta, con un salario y prestaciones atractivas. La medida ha generado opiniones divididas, especialmente entre sectores que consideran que su nombramiento puede tener implicaciones en el manejo de la narrativa sobre temas sensibles, como la desaparición de los 43 estudiantes y la credibilidad del Ejército.
Este movimiento se produce en un momento en que las fuerzas armadas enfrentan una presión pública e institucional por recientes casos de corrupción y descontento social. La revelación de investigaciones sobre tráfico de combustible y vínculos políticos ha aumentado las dudas sobre la transparencia del sector militar y fortalece las apuestas políticas en torno a la administración actual.
Asimismo, a menos de un año del aniversario del 26 de septiembre, diferentes organizaciones sociales, incluyendo la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, han realizado movilizaciones violentas, atentando contra instalaciones militares en Guerrero. Estas acciones reflejan un escenario de creciente conflictividad que pone a prueba la estabilidad institucional y la percepción pública sobre la seguridad en el país.