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Veracruz

Congreso de Veracruz revoca mandato de síndica en Tlilapan

El Congreso de Veracruz destituyó a la síndica de Tlilapan por incumplimientos y sanciones legales, encargando a su suplente la responsabilidad del cargo.

Por Redacción1 min de lectura
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La autoridad local decidió destituir a Jovita Cortés Guzmán por conductas irregulares y sanciones judiciales, asignando el cargo a su suplente, Elizabeth Salomé Ruiz. El Congreso del Estado de Veracruz llevó a cabo la revocación del mandato de Jovita Cortés Guzmán como síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan, en una decisión que se fundamenta en una investigación por faltas administrativas graves que afectaron la gestión pública y ocasionaron un perjuicio económico para el municipio. La resolución fue adoptada tras la revisión de un dictamen elaborado por la Comisión Permanente Instructora, que concluyó que la funcionaria incurrió en conductas contrarias a los principios de legalidad y honradez, y que además se encontraba sancionada con inhabilitación por 10 años y una multa cercana a los 202 mil pesos, en un proceso legal que culminó en agosto del 2025. Para contextualizar, esta acción se enmarca en una serie de procedimientos de control interno y judicial que buscan garantizar la transparencia en la administración pública local. La inhabilitación y multa se derivaron de una serie de acciones que obstaculizaron la entrega de firmas electrónicas al área financiera municipal, lo que debilitó la capacidad de la tesorería para cumplir con sus obligaciones fiscales. La defensa de la funcionaria alegó motivos de desconfianza hacia la tesorera, sin embargo, la autoridad concluyó que estas no justificaron su negativa, que fue catalogada como voluntaria y dolosa, provocando daños al patrimonio municipal. Tras la decisión del Congreso, la suplente Elizabeth Salomé Ruiz Rosas asumirá formalmente el cargo, y en las próximas semanas se espera que continúen los esfuerzos por fortalecer la fiscalización y la eficiencia en la administración de Tlilapan. Es importante destacar que este tipo de medidas reflejan una tendencia local hacia la toma de acciones firmes contra conductas que atenten contra la integridad de las instituciones públicas.

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