Las fuertes lluvias, la ausencia de seguros y casos de violencia marcan la gestión en Veracruz, poniendo en evidencia retos institucionales y sociales en el estado.
La reciente temporada de lluvias en Veracruz dejó un saldo de múltiples víctimas mortales, reportándose 29 fallecidos y varias personas aún en condición de desaparecidas. La gravedad de la situación desató una serie de controversias en torno a la gestión oficial ante la emergencia, evidenciando problemas estructurales en la respuesta de las autoridades locales. Una de las cuestiones que generó alarma fue la decisión del gobierno estatal de no renovar la póliza de seguro contra desastres, cuyo vencimiento estaba previsto para mayo de 2025, dejando sin respaldo financiero a la entidad para atender posibles daños aún mayores. A ello se suma la creación de una aseguradora pública que, según expertos, carece de fondos y personal capacitado para responder eficazmente a emergencias de esta magnitud.
Durante una visita a Poza Rica, uno de los municipios más afectados, la gobernadora no pudo ofrecer respuestas concretas a los habitantes sobre los esfuerzos de búsqueda y rescate, limitándose a señalar que “se está trabajando”. Sus declaraciones minimizando la intensidad del desbordamiento del río Cazones generaron rechazo en redes sociales y medios locales, poniendo en duda la percepción oficial sobre la gravedad del desastre. En otro ámbito, el estado enfrentó una crisis de derechos humanos tras el asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández, cuyo caso fue inicialmente minimizado y cuya autopsia fue cuestionada por las autoridades, señalando posteriormente que la víctima fue víctima de tortura y violencia. Además, se suman polémicas en torno a la familia de la mandataria, ya que su esposo también ocupa un cargo de asesor sin recibir salario formal, situación que ha sido criticada por contravenir principios de transparencia.
Estas controversias se suman a históricos desafíos en la gestión de recursos y seguridad en Veracruz, marcado por casos de huachicol y corrupción que mantienen al estado en un nivel crítico tanto en materia social como institucional. La combinación de fenómenos meteorológicos severos y problemas políticos profundos requiere de una respuesta coordinada y transparente para garantizar la protección y bienestar de la población.