La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a México por la violación, tortura y muerte de la indígena náhuatl en 2007, evidenciando fallas en el Estado de derecho.
En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado oficialmente responsable a México por la brutal violación, tortura y fallecimiento de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl, ocurrido en 2007 en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Este fallo reitera la grave tendencia de impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos y evidencia las fallas del sistema judicial mexicano para sancionar a los responsables.
Desde entonces, expertos y defensores de derechos humanos han señalado que el caso fue utilizado como un ejemplo de cómo el Estado mexicano ha manipulado el propio imperio de la ley. La evidencia acumulada revela que, en aquel momento, las investigaciones fueron parciales y que, en la actualidad, gran parte de los antecedentes han sido borrados o deslizados en la burocracia judicial, dejando sin respuesta definitiva las demandas de justicia.
Además, se ha señalado que, en el contexto de su tiempo, el caso pudo haber tenido un componente de protección a ciertos grupos militares que operaban en la zona, reflejando un patrón de impunidad que favorece a actores con poder. La sentencia de la Corte Interamericana, sin embargo, pone en evidencia que las deficiencias en la rendición de cuentas persisten, y que la falta de cumplimiento de las resoluciones internacionales sigue siendo una realidad en México.
No es un hecho aislado; el caso de Ernestina se convirtió en un símbolo de las marginaciones y vulneraciones que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. La relevancia de esta resolución radica en que reafirma la necesidad de fortalecer mecanismos de justicia efectiva y respetar los derechos de los pueblos originarios, que en muchos casos continúan siendo víctimas de la impunidad y la falta de protección estatal.
Lo que esta decisión revela, además, es la urgencia de revisar y reformar las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos en México. La persistente resistencia a aceptar los fallos y las sentencias internacionales evidencia una política de Estado que, en muchos casos, prioriza intereses políticos o militares sobre la justicia y la dignidad de las víctimas, minando la confianza pública en las instituciones.
En el panorama actual, la justicia para Ernestina Ascencio continúa siendo un pendiente en un país con una historia de violaciones no sancionadas. La resolución de la Corte Interamericana actúa como un recordatorio de que, si bien la justicia puede ser lenta, la responsabilidad internacional puede ejercer presión para cambios necesarios en la protección de los derechos humanos.