La Fiscalía General de la República busca ampliar la condena del exgobernador de Veracruz por presuntos desvíos millonarios, con posible prisión preventiva. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, enfrenta nuevas acusaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca ampliar su proceso judicial con cargos adicionales de corrupción y desvío ilícito de recursos. El proceso se inicia tras la negativa a su solicitud de libertad anticipada, y ahora podría resultar en una prolongación de su condena. La Fiscalía obtuvo autorización del gobierno de Guatemala para imputarle delitos relacionados con la malversación de fondos públicos, distintos a los cargos por los que fue extraditado en 2017. Recientemente, la primera audiencia para formalizar estas imputaciones fue suspendida por problemas de salud del exgobernador, sin que aún se haya definido una nueva fecha. De ejecutarse una nueva vinculación a proceso, se podría solicitar la medida de prisión preventiva, lo que impediría que Duarte sea liberado antes de su sentencia programada para 2026. Duarte, que ya cumple una condena por otros delitos relacionados con corrupción, es señalado por haber desviado aproximadamente 62 mil millones de pesos durante su administración entre 2010 y 2016, recursos que supuestamente fueron manipulados mediante esquemas irregulares y utilizados en beneficio personal. La declaración del extesorero Tarek Abdalá Saad, quien colaboró con las autoridades, sustenta estas acusaciones. La relevancia de este caso radica en la continuidad del combate contra la corrupción a nivel federal, pues la estrategia busca esclarecer ilícitos que involucran a altos funcionarios y que afectan la confianza en las instituciones públicas. La lucha contra la impunidad en casos de este tipo refleja un avance en los esfuerzos por fortalecer la justicia y la rendición de cuentas en el país.
