La falta de responsabilidad de mandatarios locales en temas de seguridad refleja un problema estructural en el gobierno federal y estatal.
La crisis de gobernabilidad en algunos estados mexicanos revela una problemática sistemática donde las responsabilidades entre los gobiernos federales y estatales no están claramente definidas. La incapacidad de ciertos mandatarios locales para afrontar temas de inseguridad y emergencias pone en evidencia deficiencias en la gestión institucional, lo que a su vez impacta negativamente en la percepción pública sobre la eficacia del modelo de gobernanza actual.
En estados como Michoacán, Veracruz y Sinaloa, las administraciones estatales enfrentan serias dificultades para mantener el orden y responder a crisis. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puede afrontar un colapso institucional ante el aumento de homicidios y la violencia en Uruapan, mientras que en Veracruz, Rocío Nahle fue señalada por su manejo deficiente ante inundaciones y emergencias, generando cuestionamientos sobre su liderazgo. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya lidia con disputas ligados a la delincuencia organizada y casos de corrupción en su gabinete, reflejando una crisis de control que afecta la estabilidad del Estado y la percepción ciudadana.
Este escenario evidencia también las limitaciones del centralismo en la administración pública. La estrategia de la federación, que incluye intervención con recursos millonarios y mayor presencia de fuerzas federales, responde en gran medida a la falta de compromiso o capacidad de los gobiernos estatales para afrontar sus propios retos. La tendencia actual favorece un presidencialismo asistencial, donde la responsabilidad de la seguridad y justicia se diluye entre instancias, debilitando la autoridad local y alimentando la inercia del reparto de tareas sin una corresponsabilidad real.
El reforzamiento de la figura presidencial en la gestión de problemas estatales, sin una transferencia efectiva de responsabilidades, seguirá agravando las dificultades en la seguridad pública, mientras los gobernadores permanecen en la sombra de decisiones que les corresponden. Solo mediante un cambio en la distribución de responsabilidades y una verdadera profesionalización de las instancias estatales será posible fortalecer la gobernabilidad y responder con eficacia a las necesidades de las comunidades.