Veracruz, Veracruz. – La familia del periodista Rafael León Segovia, conocido por su apodo “Lafita León”, ha denunciado una presunta campaña de hostigamiento en su contra que derivó en su detención el pasado 24 de diciembre en el sur de la entidad. Gardiel Josué León Oropeza, hijo del comunicador, relató que su padre fue asegurado alrededor de las 8:55 horas al salir de su domicilio por agentes ministeriales, quienes habrían cometido diversas irregularidades durante el operativo, incluyendo la retención de un vehículo particular y la desaparición de dinero en efectivo.
Rafael León Segovia, con más de dos décadas de experiencia cubriendo la fuente policiaca, enfrenta cargos por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Su familia rechaza estas imputaciones, considerándolas infundadas y una posible represalia por su labor periodística. Según su hijo, la Fiscalía argumenta que su trabajo informativo genera pánico en la población, lo que, a su parecer, criminaliza el derecho a informar. La familia también expresó preocupación por el uso de testigos con identidad reservada, lo cual consideran que limita el derecho a una defensa adecuada, y temen por su integridad y la de otros periodistas que cubren temas de seguridad en la región.
La gobernadora Rocío Nahle García, en una entrevista radiofónica, afirmó que la ley se aplica de manera general en Veracruz y que la libertad de expresión no se vulnera. Señaló que los procesos judiciales deben distinguirse del ejercicio periodístico y que la Fiscalía es la encargada de conducir las investigaciones conforme al debido proceso.
Por su parte, la organización Artículo 19 calificó la detención como un acto arbitrario que genera preocupación a nivel nacional, advirtiendo que imputar el delito de terrorismo a un periodista es desproporcionado y abre la puerta a la prisión preventiva oficiosa. La situación jurídica de Rafael León Segovia se definirá el próximo lunes 29 de diciembre. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas del estado siguen de cerca el caso, considerándolo un precedente relevante para el ejercicio periodístico en Veracruz y en el país.