Dos excolaboradores ligados a casos de sobornos internacionales ocupan cargos en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, generando controversia sobre su historial.
La presencia de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en cargos públicos en Veracruz ha generado atención debido a su vínculo con importantes escándalos de corrupción y sobornos. En concreto, dos de estos exemitées trabajan actualmente en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), bajo la administración de la gobernadora Rocío Nahle. La semana pasada, se reveló que estos perfiles, ligados a casos de sobornos en Pemex y a escándalos internacionales, mantienen funciones clave en el Estado, lo que aviva el debate sobre los antecedentes de funcionarios públicos y la transparencia en los procesos administrativos.
El primero, Erick Núñez Albarrán, fue director de Auditoría Interna en Pemex durante la administración de López Obrador. Recientemente, se conoció que en su pasado laboral, su periodo coincide con investigaciones que involucran sobornos realizados por empresarios mexicanos a directivos de Pemex Exploración y Producción. Se reportó que Núñez Albarrán fue nombrado a principios de 2025 como director general de Atención a Órganos Fiscalizadores en Veracruz, donde coordina auditorías y revisiones de fondos públicos, reforzando su rol en la supervisión del gasto estatal.
Por otro lado, Leonardo Cornejo Serrano, también ligado a Pemex y vinculado a operaciones controvertidas, actualmente ocupa un puesto de alto nivel en la misma dependencia estatal. Su participación en proyectos relacionados con Odebrecht y sobornos por millones de dólares en obras de infraestructura en México son de dominio público. Su presencia en el gobierno genera inquietudes en torno a los mecanismos de selección y control de los funcionarios en Veracruz, más aún cuando su historia profesional está marcada por casos de corrupción en los que estuvo involucrado.
Este escenario evidencia la complejidad del contexto político y administrativo en Veracruz. La integración de perfiles con antecedentes polémicos en dependencias gubernamentales plantea un cuestionamiento sobre los procesos de evaluación y transparencia en la administración pública, especialmente en áreas críticas como infraestructura y obra pública. La situación recuerda la importancia de garantizar que las instituciones públicas seleccionen funcionarios con perfiles éticos y transparente para fortalecer la confianza ciudadana y evitar que la historia de corrupción afecte el desarrollo institucional.
La presencia de profesionales con antecedentes ligados a conflictos de interés o casos de soborno en el sector público destaca la necesidad de fortalecer los controles y auditorías, así como promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción en todos los niveles de gobierno. La ciudadanía y los órganos de fiscalización continúan atentos a la utilización correcta de recursos públicos y a la integridad de quienes los gestionan en nombre del Estado.