Las autoridades retoman las obras de un megaproyecto portuario, pese a resoluciones judiciales que exigen evaluaciones integrales y protección de arrecifes.
El proceso de ampliación del Puerto de Veracruz avanza en medio de controversia, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara realizar una evaluación ambiental integral del proyecto. Aunque en 2022 el máximo tribunal declaró que las autorizaciones anteriores eran inválidas por evaluarlas de manera fragmentada, las autoridades han emitido nuevas licencias y licitaciones sin cumplir totalmente con esas recomendaciones.
El proyecto, que incluye la construcción de una escollera de más de 3,000 metros con una inversión cercana a 7,750 millones de pesos, busca ampliar la capacidad portuaria para recibir mayores volúmenes de carga y atraer inversión extranjera. Sin embargo, organizaciones ambientales y comunidades de la zona advirtieron que la obra pone en riesgo ecosistemas clave, como los arrecifes de coral y manglares, los cuales ya mostraron signos de daño tras la primera fase de expansión en 2014.
Especialistas resaltan que las obras modifican las corrientes marinas y afectan la biodiversidad, particularmente en el arrecife La Gallera, considerado uno de los más importantes del Golfo de México. Aunque la Secretaría de Marina asegura que el avance se realiza bajo las condiciones establecidas, organizaciones medioambientales reclaman una evaluación exhaustiva y el cumplimiento de las medidas ordenadas por la corte para evitar daños irreparables.
El impacto real del megaproyecto todavía no se ha evaluado en su totalidad, lo que genera preocupaciones sobre posibles incumplimientos legales y daños ecológicos irreversibles, a pesar de las evaluaciones recientes.