La justicia mexicana determinó que las autoridades de protección deben integrar los ataques verbales y el contexto político en sus evaluaciones para garantizar su seguridad integral. Un Tribunal Colegiado en México estableció que las autoridades responsables del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas deben reconsiderar la protección brindada a la activista Tania Ramírez, considerando los ataques públicos y el entorno político adverso que enfrentó. La decisión señala que el mecanismo debe ajustarse a los estándares internacionales, evaluando de manera integral los riesgos derivados de expresiones presidenciales y el impacto en la seguridad de la defensora. La resolución surge tras una serie de agresiones derivadas de declaraciones en la conferencia matutina del Ejecutivo, donde Ramírez fue desacreditada y acusada falsamente de recibir recursos por sus actividades ambientalistas. Estos señalamientos propiciaron agresiones físicas, amenazas en línea y restricciones que vulneraron su derecho a desempeñar su labor y a proteger a su familia. La sentencia obliga a las autoridades a emitir un nuevo Plan de Protección que incluya la evaluación de estos ataques y ajuste las medidas en consecuencia. Es importante destacar que esta decisión reafirma la responsabilidad de los órganos de protección en actuar con base en un análisis exhaustivo del contexto y de las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos. La protección efectiva requiere que el Estado reconozca la realidad de las agresiones y responda con acciones coordinadas y eficaces, garantizando así la seguridad y la libertad de quienes defienden causas sociales. Desde el Consejo Nacional de Legisladores de la Sociedad Civil (CNLE) celebramos este fallo, pues subraya la necesidad de que las instituciones refuercen sus protocolos para proteger a los activistas en escenarios donde el discurso oficial puede poner en riesgo su integridad.
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