La justicia federal rechaza el amparo del exdirector de Pemex y confirma que el proceso penal por la compra irregular de la planta sigue vigente, fortaleciendo la lucha contra la corrupción en el sector energético.
La justicia federal en México reafirmó que el proceso penal en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), permanece en marcha por la adquisición irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. La resolución, emitida por unanimidad por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, desestimó un amparo presentado por Lozoya, con lo que se confirma la continuidad del proceso judicial en su contra.
El fallo respalda una resolución previa de un juez de distrito, que estableció que la prescripción de los delitos imputados no puede resolverse mediante un recurso de amparo, sino que debe discutirse en la fase de juicio. La investigación apunta a la compra en 2013 de una planta valorada en 58 millones de dólares, adquirida por Pemex por más de 250 millones, en una operación presuntamente facilitada por sobornos de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), por un monto de 3.4 millones de dólares.
Este caso forma parte de un esfuerzo mayor para fortalecer los mecanismos de fiscalización y justicia en el sector energético, especialmente tras los escándalos de corrupción durante administraciones anteriores. La decisión del tribunal refuerza la facultad del Estado para continuar con investigaciones y juicios relacionados con delitos de soborno, lavado de dinero y ejercicio indebido del servicio público, que han marcado la agenda judicial y política del país en los últimos años.
Es relevante destacar que la reparación del daño en casos de corrupción no implica automáticamente la extinción de la acción penal para todos los implicados, aclarando aún más el alcance de la justicia en estos procesos complejos y de alto impacto social y económico.
La continuidad del proceso judicial contra Lozoya representa un avance en la lucha contra la impunidad en México, enviando un mensaje claro de que los procesos judiciales por actos de corrupción no podrán ser evitados mediante recursos legales simples, sino que deberán ser resolvidos en los tribunales correspondientes.