El Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza sanciones posibles a funcionarios del órgano electoral tras acusaciones de abuso de funciones relacionadas con la revocación de mandato.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha abierto formalmente un proceso para investigar a varios consejeros y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta a un informe que los señala por presuntas faltas graves vinculadas a la decisión de postergar la consulta de revocación de mandato en 2021. La acción se fundamenta en un reporte del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que acusa a los integrantes del organismo electoral de abuso de funciones, considerándolo un asunto de importancia que puede derivar en sanciones severas. Este procedimiento representa un acto relevante en la relación entre el órgano judicial y el órgano autónomo, al poner en evidencia las polémicas decisiones tomadas en un contexto político.
Históricamente, el tema del ejercicio de revocación y las decisiones del INE han generado controversia sobre la independencia de la autoridad electoral. La admisión del caso en el TFJA llega en un momento en que los consejeros implicados, entre ellos Lorenzo Córdova y algunos exmiembros en funciones, enfrentan posibles inhabilitaciones de hasta 20 años y la destitución. Sin embargo, aún se discuten aspectos legales sobre la facultad del tribunal para imponer sanciones a funcionarios designados por otros poderes, lo que mantiene abierto un debate sobre la autonomía del organismo y la separación de poderes.
Las declaraciones de algunos consejeros, como Dania Ravel, señalan un posible matiz político en el proceso, contextualizando las críticas bajo una perspectiva de interés público y la defensa de su independencia. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, también hizo pública su postura, solicitando que el organismo sea considerado como tercero interesado en la causa para garantizar un proceso transparente y neutral. La resolución del TFJA, a cargo de la magistrada María Ozana Salazar Pérez, marca un punto de inflexión en la lucha por la responsabilidad en las decisiones del órgano que regula los comicios en México.
El proceso, iniciado en noviembre de 2025, aún permite a los involucrados presentar recursos de apelación y amparos, pero su desarrollo puede tener implicaciones duraderas en el futuro del organismo electoral y en la política del país. La decisión del tribunal refleja una tendencia creciente de mayor escrutinio y responsabilidad institucional ante decisiones que afectan la estabilidad democrática.