CIUDAD DE MÉXICO. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un 2026 decisivo, enfrentando una agenda cargada de asuntos que pondrán a prueba su independencia y determinarán el rumbo del sistema de justicia mexicano. La nueva integración del máximo tribunal, que inició funciones en septiembre de 2025, deberá abordar temas cruciales en materia de derechos humanos, economía y transparencia institucional, con un impacto directo en el contexto de la Cuarta Transformación.
Entre los desafíos más apremiantes se encuentra la revisión de la prisión preventiva oficiosa, un tema que mantiene a más de 50,000 personas en prisión sin sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado previamente que esta figura es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al vulnerar la presunción de inocencia. La SCJN deberá definir si esta medida constitucional se mantiene, lo que implica la obligación para fiscalías y jueces de justificar la necesidad de la prisión preventiva en cada caso.
Otro pendiente relevante es la distinción entre salarios mínimos y Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el cálculo de indemnizaciones por fallecimiento. El debate se centra en determinar si estas compensaciones deben basarse en salarios mínimos o UMAs, una cuestión que requiere clarificación para asegurar la correcta aplicación de ambas unidades en el marco jurídico.
El derecho a la consulta previa para personas con discapacidad antes de la aprobación de leyes o políticas que les afecten también será analizado. Tras audiencias públicas históricas en octubre de 2025, la SCJN definirá si la falta de consulta debe invalidar automáticamente una norma o si se evaluará caso por caso. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de un retroceso en los derechos de este sector.
La doble tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones aduaneras, conocido como el caso Samsung, es otro punto crítico. La SCJN deberá emitir jurisprudencia sobre si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cobrar el IVA dos veces por la misma mercancía en la industria maquiladora, un tema que afecta la seguridad jurídica de inversiones millonarias y la competitividad del sector IMMEX.
Finalmente, en materia de derechos reproductivos, la Corte abordará los límites de las semanas de gestación para acceder a la interrupción legal del embarazo. Si bien la despenalización a nivel federal ya fue resuelta en septiembre de 2023, el debate se centrará en determinar si los estados pueden reducir unilateralmente los plazos permitidos, actualmente fijados en un máximo de doce semanas en la mayoría de las entidades que han armonizado su legislación.
Estas resoluciones, previstas para 2026, no solo definirán el futuro de casos específicos, sino que también marcarán el papel del Poder Judicial frente a los desafíos legales, sociales y políticos del país.