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Política

Suprema Corte confirma pago de más de 48 mil millones de Salinas Pliego al SAT

La Suprema Corte ratificó que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 48 mil millones de pesos al SAT por adeudos de 2008 a 2016, fortaleciendo la fiscalización en México.

Por Redacción1 min de lectura
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La Corte desestima recursos de empresas del empresario y ratifica la obligación de pagar impuestos atrasados, fortaleciendo la postura fiscal del Estado mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales acumulados entre 2008 y 2016. En una resolución unánime, el Pleno rechazó siete de los nueve amparos presentados por el empresario, argumentando que estos recursos no planteaban cuestiones constitucionales novedosas, ya que los asuntos ya estaban resueltos en fallos anteriores. La decisión incluye una revisión específica del caso de 33 mil millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2013, considerado uno de los más relevantes. Además, la Corte validó otros recursos que suman más de 17 mil millones de pesos, rechanzando los argumentos de las empresas Grupo Elektra y TV Azteca. Aún quedan pendientes dos amparos relacionados con otras compañías, por un monto adicional de 712 millones de pesos, en trámite ante la ministra Lenia Batres Guadarrama. La postura de la Corte reafirma la autoridad del fisco en la recaudación y la resolución de disputas fiscales existentes, sentando un precedente importante en la fiscalización empresarial en México.

PÁRRAFO DE CONTEXTO: Este fallo refleja una tendencia en la justicia mexicana hacia la recuperación efectiva de impuestos y la reafirmación del Estado de Derecho en materia fiscal. La resolución también envía un mensaje claro respecto a la tolerancia cero ante la evasión y los recursos legales frívolos en temas tributarios. La decisión tiene implicaciones relevantes para otros grandes contribuyentes que enfrentan procesos similares, marcando un precedente que podría fortalecer las acciones de la autoridad fiscal en los próximos años.

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