La agresión ocurrió el 16 de diciembre en Plaza Sendero, generando alarma sobre la libertad de prensa y el uso excesivo de la fuerza policial en la región.
El 16 de diciembre, en Tijuana, un periodista sufrió una agresión y una detención arbitraria mientras cubría una escena de homicidio en Plaza Sendero. El comunicador, identificado como Jesús Aguilar, fue interceptado por personal de seguridad privada del centro comercial y posteriormente por elementos de la policía, en un incidente que quedó registrado en video y que ha despertado preocupación en la comunidad informativa.
Según el relato del periodista, se encontraba en una zona delimitada por un cordón de seguridad, realizando su labor informativa, cuando un grupo de guardias de seguridad privada le exigió abandonar el lugar. La situación escaló rápidamente cuando Aguilar afirmó que su presencia en ese espacio era legal, lo que provocó que lo sometieran, le esposaran y, según su versión, lo golpearan con un dispositivo tipo taser, causándole lesiones en el rostro y daños en su equipo de trabajo. La intervención de policías minutos después no evitó que el altercado se tornara en un acto de violencia.
Este caso destaca la vulnerabilidad de los periodistas ante acciones de seguridad privada y policial en contextos de cobertura de hechos violentos o sensibles. La situación en Tijuana se enmarca en una problemática mayor que afecta la libertad de prensa en varias regiones de México, donde la presencia de violencia y una respuesta policial a veces excesiva generan riesgos para quienes cumplen con su deber informativo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ha solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles violaciones a los derechos humanos del reportero.
Es relevante contextualizar esta agresión en un escenario nacional donde la protección a los periodistas continúa siendo una asignatura pendiente para garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo, fundamental en una democracia plena. La violencia contra comunicadores no solo limita la transparencia sino que también puede generar un efecto intimidatorio, afectando la pluralidad informativa del país.