La devolución de migrantes provenientes de diversos países revela desafíos en atención y derechos en la frontera, impulsando la creación de una red de apoyo local.
Entre enero y octubre de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a más de mil migrantes extranjeros desde Tijuana, Baja California, reflejando las dificultades que enfrentan estas comunidades en su proceso de regularización. La mayoría de las personas retornadas proviene de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela, China y Ghana, países que continúan viendo un incremento en su migración hacia México, principalmente por vías irregulares y debido a la limitación de oportunidades legales en su trayecto, en un contexto global de migración en aumento y crisis regionales.
Estas deportaciones resaltan una problemática recurrente: la negación por parte de las autoridades mexicanas de permisos esenciales como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), que permite a los migrantes acceder a derechos básicos como atención médica, educación y empleo. La falta de estos permisos no solo agrava la vulnerabilidad de estas comunidades, sino que también impulsa su exposición a detenciones arbitrarias y deportaciones sin oportunidad de regularización.
En respuesta a esta situación, comunidades migrantes y activistas han formado la Red para la Defensa y Atención Integral Migrante (Redaim), una organización que busca brindar apoyo integral a las personas afectadas. La iniciativa se centra en ofrecer servicios educativos, médicos, psicológicos y legales, compensando la falta de respaldo gubernamental y denunciando las injusticias en los procedimientos migratorios. La red también prepara un informe que será presentado ante autoridades municipales y federales, con la intención de influir en la elaboración de políticas públicas que protejan los derechos de los migrantes en Tijuana y más allá.
El incremento en estas acciones refleja la necesidad de un enfoque más humanitario y estructurado frente a la migración en la región. La historia reciente de migrantes en México evidencia que esfuerzos locales y comunidades organizadas son esenciales para garantizar la dignidad y los derechos fundamentales, especialmente en contextos de crisis humanitaria que solo parecen intensificarse.