Hermosillo, Sonora. - Ricardo Ballesteros López, asesor jurídico de víctimas del caso Waldo's, expresó su desacuerdo con la reforma constitucional sobre Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aprobada el 8 de octubre por el Congreso de Sonora. El abogado advirtió que esta reforma podría complicar la determinación de las responsabilidades patrimoniales del Estado tras posibles tragedias.
El nuevo modelo establece la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que tendría personalidad jurídica y autonomía técnica y financiera. Esta reforma eleva el derecho de acceso a Protección Civil al rango constitucional y propone mecanismos de participación ciudadana, además de que la dirección del organismo sería seleccionada por el Congreso del Estado.
Ballesteros López planteó un interrogante crucial sobre la capacidad de las víctimas para exigir responsabilidades al gobierno si las funciones de supervisión quedan en manos de un organismo autónomo. Destacó que bajo la actual Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, los ciudadanos pueden demandar al gobierno por actividades administrativas irregulares, un procedimiento que podría complicarse con la nueva ley.
El asesor también afirmó que el cambio de estructura podría dificultar el acceso a la justicia para quienes sufran tragedias y subrayó la necesidad de revisar detenidamente el alcance de la reforma y las responsabilidades de los nuevos funcionarios.
La postura de Ballesteros López no implica menospreciar la necesidad de fortalecer la Protección Civil en Sonora, sino que pone de relieve las posibles repercusiones jurídicas de este enfoque reformista.
La revisión del impacto de la reforma será esencial para evitar obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas en el futuro.
Con información de proyectopuente.com.mx